
Cambiar un organismo público exige mejorar su misión mientras se trabaja con reglas, tiempos y grupos de interés que no se pueden ignorar.Este artículo reúne 5 principios para construir apoyo, priorizar iniciativas y sostener mejoras reales en el desempeño del gobierno.
Los responsables de los organismos públicos afrontan obstáculos que el sector privado apenas conoce. Sin embargo, los mejores han mejorado su desempeño al adoptar y adaptar algunos objetivos y métodos cuya eficacia se ha demostrado en las empresas.
Cuando el huracán Katrina inundó Nueva Orleans en el verano de 2005, las muertes, las lesiones y los daños materiales recordaron con crudeza el costo que todos pagamos cuando un gobierno, sea federal, estatal o local, no funciona tan bien como debería. El año anterior, la Comisión del 11 de Septiembre había concluido que los fallos del gobierno para prever los atentados terroristas y responder a ellos eran «síntomas de la incapacidad más amplia del gobierno para adaptar su manera de gestionar los problemas a los nuevos desafíos del siglo XXI». Aunque muchos servidores públicos actuaron heroicamente, aquellos hechos terribles y sus consecuencias pusieron de relieve la necesidad de que los organismos públicos rindan a un alto nivel, tanto al afrontar situaciones de vida o muerte como al impedir que las crisis lleguen a ese punto.
Es fácil perder de vista esta verdad cuando el sector privado logra grandes avances de productividad y encuentra soluciones de mercado a necesidades sociales importantes. En realidad, los organismos públicos de alto desempeño se parecen a las empresas bien administradas. Ambos tienen objetivos valiosos, procesos racionales y bien diseñados, una rendición de cuentas rigurosa y líderes eficaces. Sin embargo, las profundas diferencias de propósito, cultura y contexto plantean obstáculos muy distintos. El mayor desafío para lograr cambios exitosos y mejoras importantes y sostenidas en el ámbito público no consiste tanto en encontrar soluciones, que suelen ser bastante claras, como en sortear cuatro obstáculos propios de ese ámbito.
Primero, los líderes de los organismos no suelen ser elegidos por su compromiso con la reforma ni por su experiencia en dirigir cambios de gran escala. Su nombramiento responde más bien a su dominio de las políticas públicas, sus conocimientos técnicos sobre la actividad del organismo o sus vínculos políticos.
Segundo, una vez nombrados, suelen disponer de poco tiempo para llevar un proceso de cambio hasta el final. El nombramiento puede consumir los primeros nueve meses o más de un mandato presidencial de cuatro años en Estados Unidos y, al llegar el último año, el responsable del organismo quizá ya esté buscando su siguiente puesto. En consecuencia, el mandato efectivo de los cargos políticos dura en promedio entre 18 y 24 meses. Esto tienta a los altos responsables a concentrarse en reformas normativas que puedan aprobarse pronto, en vez de emprender reorganizaciones que llevan tiempo y cuyos resultados quizá no lleguen a ver.
Tercero, las normas de contratación, personal y presupuesto, creadas originalmente para prevenir irregularidades en el sector público, han producido lugares de trabajo mucho menos flexibles que los del sector privado. También pueden frenar la iniciativa las doctrinas jurídicas destinadas a mantener las actividades de los organismos dentro de las facultades que les delegó el Congreso. Los gestores públicos saben, además, que las sanciones por fracasar casi siempre superan las recompensas por un desempeño excepcional.
Por último, en una democracia todas las personas tienen un interés legítimo en la actividad de un organismo. Entre sus grupos de interés figuran el presidente, los miembros del gabinete y del Congreso, los órganos de supervisión como la Oficina de Administración y Presupuesto, las organizaciones de vigilancia del interés público y los medios. La mayor parte de las operaciones de un organismo ocurre a la vista de todos, y casi toda iniciativa suscitará la desaprobación de alguien.
Esas condiciones de la vida pública quizá nunca desaparezcan. Pero algunos líderes han aprendido a obtener el apoyo de los grupos decisivos, a renovar el compromiso de los empleados con la verdadera misión del organismo, a emprender reformas tan amplias que los sectores resistentes no puedan frustrarlas y a preparar los pasos siguientes con tal claridad y orden que el progreso continúe tras un relevo en la dirección.
La transformación de tres organismos federales muestra que es posible realizar cambios profundos y mejorar mucho el desempeño público. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), que supervisa las condiciones laborales principalmente en el sector privado, redefinió su misión y sus objetivos e ideó otra forma de cumplirlos. La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO), que investiga a otros organismos federales y publica informes sobre su desempeño, adoptó muchas prácticas de gestión del talento usadas en el sector privado. Y las Fuerzas de Operaciones Especiales pasaron de ser un brazo militar improvisado a una fuerza permanente de élite, integrada por personal de distintas ramas y dotada del primer mando militar responsable de todas esas fuerzas.
Prácticamente todas las administraciones de los últimos 40 años, incluidas las de dos presidentes de distinto partido, han lanzado iniciativas para mejorar el desempeño gubernamental. A partir de mi experiencia como consultor de organizaciones públicas y privadas, he identificado cinco principios que caracterizan los cambios exitosos en el sector público y pueden producir los resultados buscados.
Principio 1: Mejorar el desempeño respecto de la misión del organismo
Los organismos públicos no existen para maximizar la riqueza de los accionistas. Su cometido es promover un aspecto concreto del bienestar general. Los contribuyentes pagan para que cumplan esa misión con eficacia y eficiencia. Esa misión también motiva a sus trabajadores: la mayoría de los empleados de OSHA acude a trabajar para proteger la seguridad y la salud de quienes trabajan en Estados Unidos. Sin embargo, la misión puede difuminarse o perderse cuando cambian las prioridades políticas y los dirigentes. Incluso en las mejores circunstancias admite distintas interpretaciones.
Cuando una persona asumió la dirección de OSHA en 1993, el organismo medía el éxito principalmente por el número de inspecciones realizadas y multas impuestas. Aunque ambas eran respuestas adecuadas en ciertas situaciones, no eran las únicas ni, a veces, las más eficaces para cumplir su misión. El organismo había quedado cautivo de indicadores concebidos para promover la seguridad laboral que, con el tiempo, se habían convertido en fines en sí mismos.
¿Cómo se produce esa desviación? ¿Por qué los dirigentes no corrigen el rumbo? En OSHA, años de exposición a lesiones y muertes laborales evitables habían inculcado en algunos empleados una actitud punitiva hacia las empresas. El énfasis en inspecciones y multas reforzaba esa actitud y les impedía reconocer mejores alternativas. Como era comprensible, el enfoque disciplinario enemistó al organismo con muchos empleadores, que a menudo subestimaban el costo de los riesgos laborales para sus trabajadores y para ellos mismos. Esas empresas pensaban: «Cuanto menos haga OSHA, mejor». Para ambos grupos, hacer cumplir la normativa parecía un juego de suma cero.
Muchos empleados de un organismo, sin embargo, no toman partido. Se sienten desconectados de su estrategia y misión. Al no ver cómo su trabajo individual influye directamente en el desempeño del organismo, empiezan a centrarse en producir actividades fáciles de contar, en lugar de lograr resultados; a estos últimos no se les pueden aplicar medidas del sector privado como la rentabilidad del capital invertido (ROIC). Al perder de vista la misión general, pueden terminar preocupándose solo por lo que controlan directamente, como proteger su propio ámbito.
Por ello, la transformación de OSHA comenzó con un compromiso renovado con su misión. Ayudó a los empleados a redescubrir el motivo de su creación —reducir las lesiones, enfermedades y muertes en el trabajo— y fue más allá: propuso eliminar todos los daños laborales prevenibles en diez años. Aunque literalmente imposible de cumplir, este objetivo ambicioso buscaba estimular ideas innovadoras. También dejó fuera de duda la reorientación del organismo.
Una vez definida la misión, los dirigentes deben establecer la mejora del desempeño respecto de ella como objetivo fundamental de la transformación. Esto exige elegir metas claras de mejora y formular iniciativas concretas. El proceso revela las carencias de desempeño o capacidades. Cuando un nuevo responsable asumió la dirección de la GAO en 1998, una reducción de plantilla había perjudicado su capacidad de cumplir la misión; poco después, dio prioridad a subsanar las brechas de personal y competencias. En Operaciones Especiales, alinear desempeño y misión supuso adaptarse a la «guerra asimétrica»: el enemigo ya no se representaba mediante un tanque ruso y su tripulación, sino mediante terroristas en un avión comercial lleno de pasajeros y combustible.
En las empresas, indicadores como el ROIC ayudan a fijar prioridades y evaluar iniciativas. En los organismos públicos, la mejora del desempeño respecto de la misión cumple esa función. OSHA recurrió a metas de desempeño para decidir qué iniciativas emprender. Por ejemplo, su oficina de Atlanta Este consiguió que una empresa siderúrgica local se comprometiera a proporcionar a todos sus trabajadores equipos de protección contra caídas. Durante los primeros seis meses del acuerdo, tres trabajadores cayeron desde alturas de 60 pies (unos 18 metros) o más. Sin el equipo, los tres habrían muerto. En el mismo período, las indemnizaciones laborales de la empresa bajaron de más de un millón de dólares a 13.200 dólares; durante los primeros tres meses, el costo de los accidentes por hora trabajada cayó un 96 %.
Principio 2: Ganarse a los grupos de interés
Mientras que los directores generales de las empresas deben satisfacer a prestamistas, analistas financieros y accionistas, los responsables de organismos públicos tienen que cultivar relaciones con un abanico aún mayor de grupos. En términos generales, se dividen en externos e internos.
Grupos externos. Las Fuerzas de Operaciones Especiales actuaron durante la guerra de Vietnam, detrás de las líneas enemigas y junto con fuerzas locales, pero casi desaparecieron al concluir la guerra. El Ejército redujo sus grupos activos de Fuerzas Especiales de siete a tres; la Armada recortó a la mitad sus unidades SEAL, y la Fuerza Aérea desactivó todos sus aviones de apoyo de operaciones especiales.
Estados Unidos perdió así gran parte de su capacidad para iniciar y sostener operaciones clandestinas exigentes en apoyo de las fuerzas convencionales. La pérdida se hizo especialmente visible en el fallido intento de rescatar a los rehenes estadounidenses en Irán en 1980. Militares, funcionarios de Defensa y miembros del Congreso y sus equipos empezaron a preocuparse por la falta de preparación del país ante el terrorismo, las insurgencias extranjeras y otras amenazas no convencionales. Impulsaron una campaña de reforma que condujo, en 1987, a una enmienda a la ley de reorganización del Departamento de Defensa de 1986. Esta creó el primer mando responsable de todas las Fuerzas de Operaciones Especiales. Bajo un general de cuatro estrellas, la fuerza reconstituida incluye hoy a los Rangers del Ejército, las unidades de operaciones especiales de la Fuerza Aérea y de la Infantería de Marina, y los SEAL de la Armada.
Incluso después de crear el mando conjunto, sus líderes tuvieron que convencer a los grupos de interés vigentes del alcance y el valor de sus capacidades. Invitaron a altos militares y dirigentes políticos a una base para observar los ejercicios. Según un antiguo comandante, se animaba a los soldados a explicar la amplitud de sus conocimientos, incluido el dominio de idiomas y culturas. En una visita, una soldado habló de la atención médica y la educación que había proporcionado a comunidades de las colinas de Omán.
Los mandos también querían que los diplomáticos entendieran cómo podían ayudarlos las Fuerzas Especiales. Durante un curso de seis semanas, invitaron a nuevos embajadores a viajar en avión a la base. A bordo iba un pelotón de SEAL con equipo de combate. Tras una presentación, los soldados se colocaban paracaídas y saltaban por la rampa trasera. Al bajar del avión, los embajadores los encontraban esperándolos. Después veían ejercicios de operaciones psicológicas, tiro y rescate de rehenes. Varios asumieron el papel de rehenes en una práctica; un equipo de asalto hizo una demostración en el campo de tiro y los SEAL ejecutaron una misión nocturna. Tras presenciarlo, los embajadores podían entender qué hacían las fuerzas y cómo podían serles útiles.
La GAO utiliza otro método para ganarse a los grupos externos. Su responsable explicaba: «En teoría tengo 535 jefes entre el Senado y la Cámara. Los respeto a todos, pero debo concentrarme en quienes más se interesan por cada asunto. Identificamos a los grupos de interés y nos esforzamos por entender sus problemas y preocupaciones». Si se trataba de la clasificación de puestos, por ejemplo, se centraba en el presidente y el miembro de mayor rango del partido minoritario del comité competente, además de los congresistas con intereses locales en Washington, ya que allí trabajaba el 75 % de los empleados de la GAO. También atendía a los opositores: al ser una entidad pública, estos conocían sus planes desde el principio. De ahí la importancia de anticipar los problemas y abordarlos a tiempo.
Grupos internos. Los empleados públicos suelen permanecer en un organismo mucho más tiempo que sus dirigentes. Muchos han visto sucederse iniciativas de cambio con escasos efectos. Su experiencia, sin embargo, puede ser una ventaja: saben cómo funciona el organismo y dónde falla. Al pedirles activamente ese conocimiento operativo, los líderes crean la base intelectual de la reforma y obtienen el apoyo necesario para llevarla a cabo.
Según mi experiencia, en cualquier organismo aproximadamente una cuarta parte de los empleados recibe inicialmente bien una iniciativa de cambio, a veces por frustración con las prácticas anteriores; otra cuarta parte se resiste, y la mitad restante duda. No se puede dar por seguro el apoyo continuo del primer grupo. Para conservarlo, las metas deben concordar con sus valores y con las razones por las que entraron en el organismo. Una meta ambiciosa como «eliminar todos los daños laborales prevenibles en diez años» demuestra incluso a los escépticos la seriedad de la dirección. Metas como «centralizar la tecnología» o «reducir los niveles directivos» no generan por sí solas la energía necesaria para transformar la forma de trabajar ni la identidad de un organismo.
Los cuestionarios, las entrevistas y la observación permiten determinar quién está dispuesto a cambiar. La falta de disposición suele deberse a competencias o voluntad. Algunas personas dudan de su capacidad para prosperar en la nueva organización: «Llevo 20 años haciendo bien mi trabajo, pero temo no tener las habilidades que se exigirán». Otras no quieren embarcarse en otra reforma: «No creo que los cambios propuestos mejoren el desempeño», «amenazan mi ámbito de trabajo» o «no tengo motivación para afrontar tantos cambios».
Los programas de formación bien diseñados alivian las inquietudes sobre competencias. Su valor es práctico y psicológico: al ganar confianza, los empleados se abren más a modificar su trabajo o su entorno. Otras medidas atienden a la falta de voluntad. OSHA reunió un equipo de cambio con representación transversal de funciones y niveles, dirección y sindicato, para ayudar a los empleados a entender los desafíos de desempeño y apoyar las modificaciones recomendadas. El equipo visitó organismos y empresas de alto desempeño para aprender cómo combatían los daños laborales. Se incluyó a algunos opositores iniciales con la esperanza de que las visitas redujeran su resistencia, y así ocurrió. Descubrieron que una división de protección ambiental asignaba sus recursos escasos identificando los puntos críticos del estado de Georgia. También observaron cómo una aseguradora calculaba el costo de las lesiones laborales para las empresas y luego las ayudaba a implantar sistemas de seguridad y responsabilidad. Los integrantes del equipo adquirieron así un conocimiento más refinado de las buenas prácticas y, de forma igualmente importante, confianza en que podían aplicarse.
Para que el personal de la GAO aceptara nuevos procedimientos, su dirección se centró en los incentivos. Antes, casi todos recibían aumentos salariales principalmente por antigüedad y categoría, con independencia del desempeño. Después, la remuneración se organizó en bandas salariales basadas en el mercado, con recompensas por conocimientos especializados, liderazgo, mayores responsabilidades y otras contribuciones al desempeño.
